El excandidato presidencial peruano, Julio Guzmán recibió el pasado sábado, 26 de junio, una orden judicial que le impide salir de Perú en los próximos ocho meses. Esto se debe a una investigación por presuntamente recibir fondos ocultos de la empresa brasileña Odebrecht.
De este modo, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Especializada, declaró fundado el requerimiento formulado por el Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial.
Asimismo, el Poder Judicial dispuso que se oficie a la autoridad administrativa competente para su registro y cumplimiento inmediato.
Julio Guzmán planeaba viajar a Estados Unidos
La fiscalía consideró que el viaje de Julio Guzmán a Estados Unidos; para dictar clases en la Universidad de Yale, tras dejar la presidencia del Partido Morado, confirmaba la existencia de un “riesgo procesal”. Por lo tanto, decidió solicitar la medida restrictiva.
El juez Juan Balbuena dictó la medida contra el excandidato presidencial del Partido Morado, en respuesta a la solicitud del fiscal Hamilton Montoro; quien consideró necesario que el político centroderechista permanezca en Perú durante la indagación preliminar del caso.
De acuerdo a la información del Ministerio Público, Julio Guzmán “habría transferido, convertido y ocultado el dinero proveniente de Odebrecht por la suma de 400.000 mil dólares como candidato presidencial de Todos por el Perú en el período 2015-2016”.
Excandidato considera que se vulneran sus derechos
Al conocer de las diligencias del Ministerio Público en su contra, Julio Guzmán, anunció que evalúa denunciar a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que lo investigan. Asegura que se están vulnerando sus derechos.
Julio Guzmán se presentó a las elecciones de 2016, pero fue eliminado por una infracción reglamentaria. Volvió a postularse en los comicios generales de pasado mes de abril por el Partido Morado. Obtuvo menos del dos por ciento de los votos, por lo cual esa agrupación fue retirada del registro oficial de organizaciones políticas.
