Renuncia Daniel Salaverry como consejero presidencial ad honorem de Pedro Castillo, cargo que ejerció durante más de cinco meses.
A través de Twitter, dio a conocer el también ex titular del Congreso de la República la noticia y le deseó suerte a Castillo Terrones en su gestión al frente del Poder Ejecutivo.
Salaverry había sido designado consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, cargo que ejerció durante más de cinco meses.
Presentó este 20 de agosto el excandidato presidencial Daniel Salaverry su renuncia como consejero ad honorem del mandatario Pedro Castillo. Un cargo que ejerció durante más de cinco meses.
El pasado 17 de marzo, Salaverry había sido designado consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial en materia de gestión gubernamental. La designación fue a través de una publicación en el diario oficial El Peruano .
La Resolución Suprema Nº 112-2022-PCM sobre la designación de Salaverry había sido refrendada por el jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el presidente Pedro Castillo.
Detalla igualmente, la publicación que el Despacho Presidencial cuenta con una Comisión Consultiva que “está conformada por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por Resolución Suprema”.
“El cargo de consejero presidencial no genera vínculo laboral de ninguna naturaleza con el Despacho Presidencial. Ni actúan en relación de subordinación y no se encuentran comprendidos en el régimen laboral del Servicio Civil”, se lee en el documento.
Aluden en otro extremo que la oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial. Entidad que informó que Daniel Salaverry “cumple con los requisitos mínimos” para ejercer como consejero presidencial ‘ad honorem’”.
A través de un comunicado de la Conferencia Episcopal, invocan los obispos a una transición política en el Perú.
Compartió un comunicado sobre la posición de la iglesia. La Conferencia Episcopal compartió un comunicado en el que propone un diálogo entre los poderes y la sociedad. Conducente a la gobernabilidad y a impulsar una salida a la crisis, priorizando una reforma política.
Realizó la CEP una descripción de la situación actual y alertó sobre una descomposición política, social, económica y moral que alcanza a los poderes del Estado y a la sociedad.
No finaliza la crisis y desde distintos sectores se plantean posibles salidas. Ayer fue el turno de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP). No les falta razón a quienes cuestionan que la Iglesia se involucre en asuntos políticos en un Estado que se presume laico. También es verdad que el comunicado leído ayer no deja de ser de interés público y parece haber sido escrito con genuina buena voluntad.
Señala en resumen, la CEP que existe un consenso social para dar paso a una transición política como respuesta, urgente, a la situación actual. La prioridad, agrega, debe ser una reforma política para recuperar “la credibilidad, la confianza y la esperanza”. No lo dice expresamente, pero en esas líneas la CEP da la impresión de sugerir que “se vayan todos”.
El pronunciamiento es titulado “Frente al deterioro político y social, busquemos una salida urgente y creativa a la crisis”. En el se describe primero el contexto actual con las siguientes palabras: “Alarmantes niveles de descomposición política, social, económica y moral, a los que se unen la desconfianza de un gran porcentaje de la población, la pérdida de credibilidad y de gobernabilidad”.
Incluye que esta crisis se manifiesta “en una lucha interna” entre el Ejecutivo y el Legislativo que daña la democracia. Divide a los peruanos y puede conducir a “niveles incontrolables de violencia”.
Igualmente, califica de “vergonzoso y decepcionante” que el Perú registra uno de los más altos índices de percepción de corrupción en América Latina, según el Latinobarómetro. Señala que la “crisis moral y ética” engloba a los actos de corrupción “en las altas esferas de los poderes Ejecutivo. Así como en el Legislativo y Judicial”, en otras instancias del Estado y en sectores de la sociedad.
La FAO advierte que la crisis alimentaria afectará a más de la mitad de peruanos en el 2022, incrementando el número del 2021.
Advierte la FAO que no se alimentarán correctamente este año 16,6 millones de personas; un millón más que en 2021.
Este año afectaría la inseguridad alimentaria en el Perú a 1, 1 millones de personas adicionales y pasaría de 15,5 millones en el 2021 a 16,6 millones en el 2022. Es decir, perjudicaría a más de la mitad de peruanos (50,5%), según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Un aumento representa la nueva previsión interanual de 7,1%, la variación más alta de la que se tiene registro para nuestro país desde que se emite cada año el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI por sus siglas en inglés), de acuerdo con Enrique Román, representante asistente de la FAO en el Perú.
Factores tras la crisis
Señala el vocero de la entidad adscrita a la ONU que el resultado de este año está impulsado por elementos derivados de la pandemia de la COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, que trajo como consecuencia el alza en los precios de los fertilizantes y el repunte de los combustibles.
Los factores indicados según explica Román , llevan a las familias a perder sus fuentes de ingreso y a migrar “a fuentes inferiores de las que tenían”. De acuerdo con su análisis, ello sacrifica la calidad y cantidad de la canasta alimentaria.
Destaca no obstante, que la crisis es un fenómeno global y “ningún país está en la capacidad de manejar todos los factores” que la ocasionan.
La respuesta del Gobierno
Afirma el representante de la FAO que el Gobierno peruano ha tenido una respuesta oportuna frente a la crisis, principalmente a través de los programas sociales “que han permitido a las personas acceder a medios y alimentos”.
Considera la FAO que, en 2020, 6,8 millones de peruanos, el 20,5% de la población, no logro acceder a una dieta saludable. Esto como consecuencia del encarecimiento de la comida saludable en los últimos años. El costo promedio al día por persona pasó de US$3,08 en el 2017 a US$3,28 en el 2020.
Aumentó el número de muertes y contagios en el Perú por este virus a 215.209 y 4055.454 respectivamente, según informó el Minsa.
Informó el Ministerio de Salud (Minsa), el pasado jueves 18 de agosto, que un total de 215.209 personas fallecieron a causa del COVID-19 en el país en las últimas 24 horas. Con estas cifras aumentó el número de muertes y contagios en Perú.
Además, reportó el Minsa que hay un total de 1143 pacientes hospitalizados, de los cuales 239 están con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos (UCI).
Vacunas en Perú
Perú ha recibido hasta el momento, más de 26 millones de vacunas de Sinopharm, más de 46 millones de Pfizer, más de 10 millones de AstraZeneca y más de un millón de Moderna. Todas estas se aplican según la programación por grupos etarios establecida por el Gobierno tras inocular con prioridad a personal de salud, adultos mayores y miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Bomberos.
Inició la inmunización en el Perú en febrero, tras el arribo del primer lote de vacunas procedentes de China (Sinopharm). A la fecha se continúa la vacunación en todo el país.
Actualmente en Lima, Callao y regiones ya se vacuna a niños desde los 5 años de edad. A la fecha se coloca la tercera dosis a personas de 12 en adelante. Mientras, la cuarta dosis se aplica a la población mayor de 30 años y a mayores de 18 años con comorbilidades.
Afectados más de un millón de peruanos luego de la interrupción de servicios de agua potable por fenómenos naturales.
Sufrieron de 2020 a junio de 2022, 1 millón 286 mil 258 personas en todo el Perú la interrupción de los servicios de agua potable y alcantarillado. Esto debido a 111 emergencias provocadas por fenómenos naturales, que dañaron la infraestructura de los servicios de saneamiento y detuvieron el normal abastecimiento.
Causaron estos eventos el corte de los servicios de saneamiento por un total de 1536 días. Las lluvias intensas fueron las que más emergencias ocasionaron (48), seguida por los deslizamientos (31), inundaciones (13), sismos (8), huaicos (7), incendios forestales (2), contaminación (1) y tormentas eléctricas (1).
La población afectada, por las emergencias y el corte de los servicios de saneamiento durante el 2020 y 2021, fue similar. En el 2020 fueron 611 561, en el 2021 ascendieron a 640 350 y entre enero y julio de 2022 se registran 34 347.
Indica la data, recopilada a través del Sistema de Monitoreo de Emergencias de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), que, el 94% de afectados por este tipo de sucesos se ubicó en zonas urbanas, mientras que el 6% en las zonas rurales. Pueden acceder a la información en
Se presentaron en la mayoría de los casos, la afectación de los sistemas de saneamiento en los prestadores de las organizaciones comunales del ámbito rural. Impactados con 53 emergencias, en tanto que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento – EPS por 42 y las unidades de gestión municipal – UGM por 16 fenómenos naturales.
La respuesta activa de los prestadores ante estas emergencias se dio con más prontitud en las EPS, que lograron reponer el servicio en un promedio de 5 días. En las unidades de gestión municipal la demora fue de 17 días, en promedio. En tanto, las organizaciones comunales fueron las que tuvieron mayor dificultad para restablecer el servicio, llegando hasta 21 días, en promedio.
Gestión de riesgo de desastres para asegurar abastecimiento
Estableció el regulador de los servicios de saneamiento que la gestión del riesgo de desastres se incluya en los planes optimizados de las empresas prestadoras. Y está incorporando en los estudios tarifarios la creación de fondos de reservas y metas de gestión asociadas a la gestión del riesgo de desastres.
Gracias a lo indicado, en los últimos años, la Sunass logró que 48 de las 50 de las empresas prestadoras, a nivel nacional, cuenten con fondos para la gestión del riesgo de desastres. Con excepción de la EPS Sedajuliaca S. A. y Agua Tumbes, que tienen pendiente formar un fondo de reservas con este fin.
Estas reservas, recaudadas a través de las tarifas que pagan los usuarios mensualmente, planificar e implementar acciones para reducir los riesgos. Prepararse y responder a emergencias que puedan afectar la continuidad del servicio y el abastecimiento con agua potable de la población. Esto debido a la alta vulnerabilidad del Perú a los fenómenos naturales y al cambio climático.
Para ejecutar el nuevo ‘Plan hacia la Eliminación de la Malaria’ en el Perú, transfieren desde el Gobierno el presupuesto necesario.
Con el fin de proteger a la población más vulnerable del país, el Ministerio de Salud (Minsa) gestionó la transferencia presupuestal de un total de S/ 9 700 mil para financiar la ejecución del Plan hacia la Eliminación de la Malaria en el Perú 2022 – 2030. Aprobado con Resolución Ministerial Nº 034-2022/MINSA.
De acuerdo con el Decreto Supremo n.º 171-2022-EF, se destinarán más de S/ 9 millones a regiones priorizadas. Estarán destinados a 11 regiones del país: Loreto; Junín; Amazonas; San Martín; Cusco; Ayacucho; La Libertad; Tumbes; Ucayali; Madre de Dios y Cajamarca.
“El presupuesto asignado va a permitir la ejecución de las actividades contempladas en el Plan hacia la Eliminación de la malaria en el Perú 2022-2030. Con la finalidad de disminuir en un 90 % los casos de malaria en nuestro país hacia el año 2030″. Así lo manifestó la directora de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Minsa, Verónica Soto Calle.
Informó la especialista que el plan ha recogido las lecciones aprendidas del Plan Malaria Cero. Que fue implementado en Loreto entre los años 2017 y 2021. Así como los lineamientos de diferentes documentos técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y los resultados de las diversas investigaciones realizadas a nivel nacional sobre control de malaria.
“La ejecución del plan está contemplada a través de ocho objetivos. Que buscan fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal de salud en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la malaria. El paquete integral de atención de esta enfermedad es gratuito”, señaló.
Mencionó adicionalmente que también se busca fortalecer y optimizar el sistema de gestión, información y vigilancia de la malaria; Así como implementar la vigilancia control del vector transmisor de este daño, promover estilos de vida saludable que disminuyan la transmisión de la enfermedad, desarrollar acciones de comunicación efectiva para la prevención y control, y lograr el empoderamiento de instituciones, agentes comunitarios y población en general. Todo ello, bajo el liderazgo de las Direcciones Regionales de Salud (Diresa) y el Minsa.
Para garantizar atenciones médicas de asegurados, SIS transfirió S/ 43.8 millones a establecimientos de salud.
Las transferencias a la fecha, superan los S/ 1,260 millones que se han distribuido en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional para la cobertura de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que requieren los asegurados.
Dichos fondos que SIS transfirió a establecimientos de salud son para garantizar la cobertura integral y gratuita de más de 12 mil diagnósticos médicos. Estos, incluidos la atención por COVID-19 y la Viruela del mono.
Ha transferido el Seguro Integral de Salud (SIS) S/ 43.8 millones a establecimientos de salud de Lima y regiones para garantizar la cobertura de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que requieren los asegurados y la atención de más de 12 mil diagnósticos médicos, como la COVID-19, la Viruela del mono y enfermedades de alto costo.
Mediante las resoluciones Jefaturales N ° 143-2022/SIS y 150-2022/SIS, las transferencias fueron aprobadas, publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Y está dirigido a las unidades ejecutoras que cumplieron con el indicador financiero de ejecución presupuestal establecido en los convenios y actas de compromiso suscritos este año entre el SIS y Fissal con los gobiernos regionales, direcciones de redes integradas de salud (Diris) de Lima Metropolitana e institutos y hospitales especializados.
Autorizo la R.J. N° 143-2022/SIS transferir más de 18.5 millones de soles a 14 hospitales y ocho Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress). Especializadas de Lima Metropolitana y a los centros y puestos de salud de las Diris Lima Este y Lima Norte.
Por otro lado, la R.J. N° 150-2022/SIS dispuso la transferencia de más de 25.3 millones de soles a los establecimientos de salud de 22 regiones del país. Entre ellas figuran Junín (S/ 2,656,455); Callao (S/ 2,381,851); Lambayeque (S/ 2,381,851); Lima Región (S/ 2,063,318); Áncash (S/ 2,031,093); Cajamarca (S/ 1,951,963); Cusco (S/ 1,913,047); Ayacucho (S/ 1,577,979); La Libertad (S/ 1,182,774); Apurímac (S/ 1,129,216); Loreto (S/ 1,039,838); entre otras.
Respecto al nivel por pre pandemia la minería caería 3.4% este año debido a los conflictos sociales, proyecta CCL.
Influirá además la posible desaceleración de la economía China, que es el principal país comprador de concentrados de cobre, sostuvo el gremio.
Al cierre del año, el sector minería e hidrocarburos registraría un crecimiento de 3.9% en relación al 2021 la minería caería 3.4% respecto al 2019, valores insuficientes para retornar al nivel pre pandemia, advirtió el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.
“Con estas expectativas de 2022, el rubro minero sería el único sector que no lograría recuperar su nivel alcanzado en el 2019″. Así lo informó Oscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.
Esto se debe al impacto que han generado los conflictos sociales medioambientales impidiendo la operación y ejecución de importantes proyectos de inversión. Entre ellos mineros, poniendo en riesgo el 60% del PBI sectorial.
Adicionalmente indicó que de los 131 conflictos socioambientales activos y latentes identificados por la Defensoría del Pueblo, 87 de ellos (66.4%) están relacionados a la actividad minera.
El gremio sostuvo de igual manera, que inciden en estas proyecciones las nuevas condiciones que se están dando para China, principal país comprador de concentrados de cobre. De acuerdo a el Fondo Mundial Internacional (FMI), este país asiático registraría este año un menor crecimiento de 5.6% a 3.3%, y de 4.6% para 2023. Ello debido a las políticas de cero Covid que afectan a grandes ciudades de ese país.
“Estos factores han hecho que reajustemos a la baja la proyección del sector minero. Situada a comienzos del 2022 en 6.1% donde se había tomado en cuenta el incremento del precio del cobre. Que, desde marzo del 2021, estaba por encima de los US$ 400 por libra. Así como del fuerte crecimiento económico que se esperaba para China (5.6%)”, manifestó.
En realidad, el enfriamiento de la economía china viene afectando el precio del cobre. Que, luego de alcanzar un pico en marzo (US $464 por libra), ha mostrado una tendencia a la baja llegando a US $411 en junio y cerrando julio en US $354.
Durante el primer semestre adicionalmente, China registró una tasa de crecimiento de solo 2.5%. Donde el gobierno anunció el objetivo de estabilizar los precios y el empleo; es decir, no siendo prioritario el impulso de la actividad económica. A ello hay que sumar la crisis inmobiliaria que vive el país desde la caída de Evergrande (inmobiliaria más grande de China), en septiembre del año pasado.
El presidente Castillo indicó que están incluidos en plan de inversiones el tren Lima-Barranca y Lima-Ica está ya reiniciará obras.
Se alista la intervención en ferrocarriles en dos tramos del llamado Tren Grau, el cual uniría Barranca, Lima e Ica para beneficiar a cerca de 969.000 habitantes.
El presidente Pedro Castillo durante su mensaje a la nación, se refirió a las evaluaciones realizadas a las inversiones de los últimos años en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este 28 de julio, desde el Congreso, el jefe de Estado afirmó que su gestión ya trabaja en los planes para, por lo menos, dejar iniciados los proyectos del Tren Grau.
“Se está preparando la intervención de dos tramos del Tren Grau: Lima-Barranca y Lima-Ica. En este último tramo ya se registran avances en la preinversión y ambos están considerados en el plan multianual de Inversiones 2023-2025″, afirmó. En este contexto, el mandatario añadió que los planes están listos para su ejecución.
Tren Lima-Barranca y Lima-Ica
Preparando el sector transportes la intervención en dos tramos del Tren Grau: Lima-Barranca y Lima-Ica. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, señaló que ya viene trabajando en los planes para dejar los proyectos del ferrocarril iniciados.
Se le conoció por mucho tiempo como Tren de la Costa, ya que recorrería este sector del país desde Tumbes hasta Tacna. En este proyecto se consideran los ferrocarriles de Trujillo a Chiclayo en una extensión de 210 kilómetros. La otra parte sería Lima-Barranca, con una extensión de 210 kilómetros.
Se aprobó por otro lado, el diseño conceptual del ferrocarril Cusco-Chincheros-Urubamba, el mismo que fue presentado al Gobierno de Corea mediante su embajada para el financiamiento del “Expediente técnico 2023″.
Además, se ha concertado el acompañamiento técnico para promover el desarrollo de infraestructura ferroviaria, y se convocará un concurso para el ferrocarril Huancayo-Huancavelica por la modalidad de obra pública. Esta será una primera etapa de su reactivación.